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El blog de Herman M. Duarte

EL DERECHO A DISCRIMINAR

EL DERECHO A DISCRIMINAR es una columna originalmente publicada en el año 2012 por La Prensa Gráfica por Herman M. Duarte.

El concepto de discriminación es un concepto complejo que ha adquirido diferentes matices y que cubre diferentes ámbitos. Pese a ello, es un concepto que, bien entendido, no tiene mayor problema en cuanto a su ámbito de aplicación. Puede ser definida como el rechazo, estigmatización y, en algunos casos, la cultivación de odio a determinados colectivos o a individuos por cualidades inherentes a su calidad de persona. Dichas cualidades, que no pueden cambiarse, pueden ser tan variados como: el sexo, la raza u orientación sexual.

En la historia hemos visto ejemplos de cómo grupos amparados en una verdad dogmática, absoluta y sin excepciones han cometido grandes injusticias con la bandera de la discriminación, e.g., el holocausto o la segregación racial.

Actualmente, existen grandes intereses en la desnaturalización del concepto. Para ello, se utilizan ejemplos que intencionalmente rayan con el sentido común y pretenden equiparar cualquier regulación de conductas con la discriminación, de tal forma que los verdaderos casos discriminatorios caigan en un absurdo sin sentido por conectividad. Un ejemplo de esto es la ‘discriminación’ que se hace a los ebrios en poder manejar; o la ‘discriminación’ a los menores de edad que buscan casarse sin permiso.

Cabe mencionar que cada persona es libre y dicha libertad implica el derecho a discriminar, dejando en su esfera de facultad privada la determinación de con quién, o quiénes, prefiere asociarse. Pero esa libertad no implica un ejercicio sin límites, ni mucho menos la privación de determinados derechos humanos a un sector. Las implicaciones anteriores se coligen de la colectividad misma, quien asociada para lograr un bien común han decidido constituir un ente por y para ellos mismos: el Estado (Art. 86 Cn).

El Estado, entre sus diferentes y muy variadas atribuciones, tiene la obligación y la posibilidad de establecer parámetros necesarios para la convivencia pacífica entre la diversidad que habita en una sociedad. En este contexto, el primer artículo de nuestra Constitución, la norma suprema de nuestro Ordenamiento Jurídico, se vuelve relevante. El artículo comienza reconociendo a la “persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado” y sigue, en su inciso final, imponiendo una obligación al Estado de asegurar a todos sus habitantes “el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.”

De dicho artículo se desprenden dos conceptos. El primero, que el Estado se debe para todos, es decir, para la suma íntegra de sus partes, de tal manera que su actuar no se debe de forma exclusiva para un sector específico, y, como además se trata de un Estado Democrático de Derecho, tiene la obligación de velar por los derechos de todos los grupos minoritarios que componen a la sociedad.

El segundo concepto que se desprende viene dado de la obligación del Estado en velar en que el conjunto que forma a la sociedad -de forma íntegra, no fraccionada-, tenga la posibilidad de gozar los derechos, siendo el individuo quien debe decidir ejercitar sus derechos o no.

En este sentido, se concluye, que a diferencia de la facultad discriminatoria que sí posee el individuo, bajo los límites mencionados; el Estado no tiene derecho a discriminar, y tiene la obligación de velar y garantizar los derechos de todos sus componentes.